SCJN ordena garantizar agua potable en asentamientos irregulares

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fallado a favor de garantizar un suministro vital mínimo de agua potable para los asentamientos irregulares. Esta decisión surge del amparo presentado por habitantes de la comunidad Los Kilómetros, ubicada en Ciudad Juárez.

Los Kilómetros se fundaron en la década de 1990 por migrantes. En la actualidad, unas 400 familias habitan en este asentamiento, caracterizadas por condiciones precarias. En ausencia de infraestructura urbana, la distribución de agua depende de pipas por las que los residentes deben pagar cada 10 a 15 días.

Inicialmente, un juzgado desechó la demanda al argumentar que los promoventes del amparo no presentaron documentos que avalaran su residencia en la zona. Sin embargo, la SCJN determinó que, en contextos de asentamientos irregulares, bastaba la manifestación bajo protesta de decir verdad para confirmar residencia.

El tribunal supremo explicó que exigir documentación formal a estas comunidades podría obstaculizar el acceso a la justicia. Por ello, ordenó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez que provea al menos 50 litros de agua diarios a los habitantes, además de implementar depósitos de almacenamiento masivo de agua.

El fallo de la SCJN es relevante porque, durante años, miles de familias en asentamientos irregulares han exigido acceso al agua potable. Un ejemplo es el caso de las 25 colonias en Uruapan, Michoacán, que en diciembre pasado solicitaron este servicio.

Aunque el gobierno se comprometió a resolver el problema en Uruapan, otros casos similares no se resuelven fácilmente, debido a que los solicitantes son rechazados al no poder presentar documentos de propiedad o regularización del terreno. La resolución de la SCJN beneficiará a estos asentamientos y a otras áreas con altos niveles de marginación.

El máximo tribunal reafirmó que el artículo 4 de la Constitución establece que "toda persona debe contar con agua suficiente, salubre y accesible para uso personal y doméstico", declarando que este derecho prevalece sobre cualquier trámite administrativo.

Los efectos de este fallo podrían extenderse a numerosas comunidades que enfrentan problemas similares. El acceso al agua potable es una necesidad básica y un derecho humano. La implementación efectiva de esta sentencia podría marcar un cambio significativo en la calidad de vida de miles de personas.

En adelante, las autoridades deberán trabajar en conjunto para asegurar la infraestructura necesaria para aquellas comunidades aún fuera del radar de planes de urbanización estatal. Este fallo de la SCJN subraya la importancia de priorizar los derechos humanos sobre la burocracia.

Con esta decisión histórica, se espera que la implementación no solo cubra la escasez de agua, sino también inspire políticas inclusivas que integren a los pobladores de asentamientos irregulares en la planificación urbana formal, garantizando su acceso a servicios básicos.