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Tarjeta Única en Jalisco: Entre el Caos y la Oportunidad

Ana Martínez
Ana Martínez
· 4 min de lectura
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Close-up of a contactless payment using a card reader and laptop, highlighting digital security.

Foto: REINER SCT

El incremento de la tarifa del transporte público en Jalisco, de $9.50 a $14, desató una tormenta que ni el gobierno ni Broxel, la empresa encargada de la Tarjeta Única, vieron venir. La dependencia del subsidio a la adquisición de esta tarjeta exacerbó la indignación ciudadana, culminando en una marcha multitudinaria desde la Minerva hasta Casa Jalisco el 8 de febrero.

Los problemas no terminan ahí. Broxel, calificada con un 5.0 sobre 10 por la Condusef y situada en la última posición entre las SOFIPOS del país, enfrenta críticas por su contrato con el gobierno de Jalisco que le asegura ingresos de $16 millones mensuales hasta 2030. Todo esto se suma a una licitación que se resolvió en apenas 10 días hábiles, dejando mucho que desear en términos de transparencia.

¿La digitalización es el problema?

La digitalización del sistema de transporte no es, en sí misma, el problema. La implementación es el verdadero talón de Aquiles. El gobierno condicionó el subsidio del transporte público a la adquisición de la Tarjeta Única de Broxel, lo que elevó la presión sobre los usuarios que vieron en la tarjeta no una opción, sino una obligación.

La falta de comunicación y la premura con la que se llevó a cabo la licitación solo fortalecieron la percepción de un proceso poco transparente. La decisión de requerir datos biométricos para activar la tarjeta levantó más sospechas sobre el manejo de la información personal de los usuarios.

La marcha y sus implicaciones

El 8 de febrero, miles de ciudadanos marcharon de la Minerva a Casa Jalisco, una manifestación que evidenció el descontento popular. La marcha no solo fue una respuesta al incremento tarifario, sino también a la percepción de falta de transparencia y a la imposición de condiciones para acceder a un servicio básico.

Esta presión social fue uno de los factores que llevó al gobierno a revocar el aumento tarifario el 5 de marzo, dejando la tarifa en $11 a partir del 1 de abril, sin importar el medio de pago.

La auditoría de la Contraloría: ¿Una oportunidad?

La Contraloría del Estado ha anunciado una auditoría al contrato entre el gobierno de Jalisco y Broxel. Lejos de ser una simple revisión, esta auditoría se presenta como una oportunidad para transparentar el proceso y corregir los errores cometidos. La auditoría podría proporcionar claridad sobre este complicado asunto.

La comunidad universitaria también ha alzado la voz, con la Universidad de Guadalajara investigando sus propios contratos millonarios con Broxel. Estas acciones podrían no solo esclarecer la situación, sino también establecer un precedente para futuros acuerdos de este tipo.

El plebiscito y la suspensión temporal

La presión no solo vino de las calles. Cerca de 6,000 ciudadanos han solicitado un plebiscito contra Broxel, buscando que la ciudadanía tenga voz y voto en decisiones que afectan directamente su economía diaria.

El 2 de marzo, Broxel suspendió temporalmente el servicio de la Tarjeta Única, aduciendo razones de mantenimiento. Esta suspensión solo añadió más leña al fuego, aumentando la frustración de los usuarios que ya se encontraban en pie de lucha.

¿Qué sigue para la Tarjeta Única?

Con la tarjeta ahora opcional, el panorama podría mejorar. Aquellos que opten por usarla podrán disfrutar de beneficios como la recarga digital y un historial de viajes. Además, está en el horizonte la eventual integración con otros servicios, lo que podría convertirla en una herramienta útil y práctica.

La caída de la tarifa a $11 también puede aliviar el golpe inicial, proporcionando un respiro a los usuarios que se sintieron obligados a adoptar la tarjeta bajo presión económica.

El camino por delante para Broxel y el gobierno de Jalisco no será fácil. Sin embargo, la auditoría y la flexibilización del uso de la tarjeta abren una ventana de oportunidad para corregir el rumbo y recuperar la confianza ciudadana.

Así, lo que comenzó como un intento fallido de modernización puede transformarse en un caso de estudio sobre cómo no implementar una política pública, pero también en una lección de cómo enmendarla para el beneficio común.